La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentó una propuesta de ley que busca establecer el deber de auxilio inmediato cuando se esté en presencia de un caso de violencia hacia una persona menor de edad. El proyecto propone una modificación al numeral 144 del Código Penal, tipificando como delito de omisión de auxilio el no prestar ayuda a menores de edad en situaciones de violencia. Las sanciones por no cumplir con este deber serán una multa equivalente a un salario base, con la posibilidad de que el juez incremente la multa al doble o triple, dependiendo de la gravedad del caso.
Además, el proyecto contempla sanciones más severas para casos donde la omisión de auxilio resulte en la muerte o lesiones graves del menor. En estos casos, la persona que no prestó ayuda podría enfrentar hasta un año de prisión.
María Marta Carballo, jefa de fracción del PUSC, subrayó la importancia de este proyecto: “El deber de auxilio inmediato a personas menores de edad que están siendo víctimas de violencia debe ser una obligación y debe verse como respeto a la dignidad humana, a la protección de la vida, a la integridad física y psicológica, y al interés superior de los menores. Desde el PUSC buscamos que hechos como el de Valentina, donde se omite la ayuda a la menor, no vuelvan a pasar.”
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) presentó el proyecto de ley denominado "Ley Marco Fintech". Este proyecto tiene como objetivo principal regular y promover el desarrollo de las empresas fintech en Costa Rica, un sector en rápido crecimiento a nivel mundial.
En su exposición de motivos, la diputada subrayó la importancia de regular las empresas fintech para su correcto desarrollo en el país. Señala que la búsqueda de la regulación de las empresas fintech en Costa Rica es fundamental para su correcto desarrollo en el país, que es precisamente la finalidad de este proyecto de ley.
El proyecto de ley destaca que el crecimiento del sector fintech presenta una nueva forma de hacer negocios, la cual debe ser considerada para que Costa Rica no se quede atrás en términos de innovación y competitividad. Uno de los mayores retos que enfrenta el sector fintech es la falta de una regulación específica, una necesidad que debe ser atendida de manera urgente para facilitar su crecimiento exponencial.
Asimismo, la legisladora señala cómo los ecosistemas fintech líderes a nivel global, como Reino Unido, Singapur y Estados Unidos, han implementado políticas de desarrollo y regulación que los han posicionado como "fintech-friendly". Estos países ofrecen un entorno seguro para la innovación y prueba de nuevas soluciones tecnológicas, lo que atrae a más empresas del sector.
A nivel regional, países como Colombia, Chile, México y Perú ya han avanzado en la regulación del sector fintech. En Costa Rica, el sector fintech también ha mostrado un crecimiento notable. Para enero de 2024, el país registró un aumento del 24% en el número de empresas fintech, según el Ranking Misión Lunar.
El proyecto de ley tiene como objetivo promover, regular y desarrollar las empresas fintech como una actividad productiva y comercial dentro del territorio costarricense, con el fin de dinamizar la economía y diversificar los modelos de trabajo. En esta línea, los principios rectores de la ley incluyen la inclusión e innovación financiera, protección de datos personales, promoción de la competencia, integridad y estabilidad financiera, protección al cliente financiero y prevención del lavado de activos y financiamiento del narcotráfico