ASAMBLEA LEGISLATIVA, SEMANA 26 DE FEBRERO - 1ERO DE MARZO DE 2024
Padres, madres o tutores serán responsables ante la ley por relaciones impropias de menores de edad
Hoy en día, la legislación penaliza a los adultos que mantienen relaciones inapropiadas con personas menores de edad, pero no considera la responsabilidad de los padres, madres o tutores legales de estos menores. Ante esta situación, un proyecto presentado por el Frente Amplio propone una reforma al Código de Familia para cerrar esta brecha legal.
La diputada Rocío Alfaro del Frente Amplio explicó que la reforma propuesta modificaría el artículo 143 del Código de Familia, estableciendo como deber de los padres, madres o tutores legales proteger a los menores de edad de cualquier tipo de violencia, incluyendo relaciones impropias. Según Alfaro, es necesario establecer esta protección como un deber explícito, ya que en muchas partes del país se normalizan este tipo de relaciones y, en ocasiones, son incluso alentadas u ocultadas por los adultos a cargo.
La iniciativa, denominada "Ley para Reforzar la Protección de las Personas Menores de Edad frente a las Relaciones Impropias", ya está en proceso legislativo con el expediente No. 24193. En caso de ser aprobada, esta reforma también añadiría una causa al artículo 130 del Código de la Niñez y Adolescencia para establecer medidas de protección para menores en situaciones de riesgo de violencia y desprotección, incluyendo relaciones impropias.
Diputada presenta proyecto de ley para mejorar capacidades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
El martes 27 de febrero de 2024, la diputada Kattia Cambronero Aguiluz introdujo el proyecto de ley 24191 enfocado en la Mejora de Capacidades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para la Prevención y Combate del Crimen. Este proyecto busca abordar el creciente fenómeno de la fuga de profesionales altamente capacitados en el OIJ, una situación que no solo aumenta los costos para el Estado, sino que también coloca al país en desventaja frente al crimen organizado y el narcotráfico.
El proyecto resalta la preocupación por la pérdida de talento humano altamente capacitado en el OIJ, con una tasa de recuperación lenta y costos económicos y sociales elevados. Por ejemplo, el laboratorio forense del país cuenta con solo 109 peritos, y el proceso para formar un perito en análisis de drogas puede tomar hasta dos años, con costos cercanos a los 110 millones de colones. Esta carencia de personal especializado deja al sistema de justicia desprovisto de la capacidad para analizar grandes decomisos de drogas como la cocaína o nuevas sustancias como el fentanilo.
La propuesta de la diputada busca revertir los efectos de leyes como la N° 9635 para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la N° 10159 Ley Marco de Empleo Público, y reformar la ley N° 7333 Ley Orgánica del Poder Judicial para devolver incentivos al personal técnico especializado, profesional, policial y jefaturas del OIJ. Según el director general del OIJ, Randall Zúñiga, este proyecto permitiría la implementación de facilidades necesarias para mejorar las capacidades en ciencias forenses y medicina legal, contribuyendo a reducir la cantidad de profesionales que optan por abandonar la institución.
La iniciativa legislativa, respaldada por 16 diputados y diputadas de todas las fracciones, busca abordar la urgente necesidad de contar con cuerpos policiales, científicos y técnicos preparados y con el recurso humano necesario para enfrentar los desafíos de seguridad del país. Con este proyecto de ley iniciando su recorrido legislativo, se espera un amplio debate y apoyo en busca de mejorar las capacidades del OIJ y fortalecer la lucha contra el crimen en Costa Rica.
Dictaminado afirmativamente el expediente No. 23141 Ley para garantizar el cumplimiento de derechos laborales en los procesos de desalojo de predios rurales
La Comisión de Sociales ha emitido un dictamen favorable para el expediente No. 23141, denominado "Ley para garantizar el cumplimiento de derechos laborales en los procesos de desalojo de predios rurales". Esta iniciativa propone establecer como requisito previo para el desalojo de trabajadores de fincas rurales el cumplimiento de sus derechos laborales fundamentales, así como asegurar un plazo mínimo de sesenta (60) días a partir de la notificación para el desalojo, garantizando así un periodo razonable para que las familias puedan trasladarse y cumplir con la ley.
Presentado inicialmente en mayo de 2002 desde el despacho de Antonio Ortega, este proyecto busca proteger los derechos de los trabajadores en situaciones de desalojo de predios rurales, asegurando un proceso más justo y equitativo para todas las partes involucradas.
