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PUSC solicita convocar Ley para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño en las tarifas eléctricas

La Fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) solicitó al Poder Ejecutivo la convocatoria del proyecto No. 23874, conocido como "Ley para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño en las tarifas eléctricas". Esta iniciativa responde a la preocupación por los impactos del Fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en la producción energética del país, una realidad que podría desencadenar aumentos significativos en las tarifas eléctricas a partir del mes de julio, según informes del Instituto Meteorológico Nacional.

El panorama presentado por el Instituto Meteorológico Nacional proyecta déficits considerables en la capacidad de producción de energía, con expectativas de un 20% de déficit en el Pacífico Norte y Central, un 15% en el Pacífico Sur, Guatuso, Upala y los Chiles, y un 20% en el Valle Central. Aunque se anticipa un escenario de lluvias normales en la Zona Norte y la región Caribe de junio a noviembre, la situación en otras regiones del país demanda acciones urgentes para mitigar los impactos negativos en la oferta energética.

“Debemos actuar con responsabilidad y generar acciones que vengan a cuidar el bolsillo de los costarricenses. Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que convoque el proyecto y evitar un encarecimiento en el costo de las tarifas eléctricas”, expresó la diputada Carballo.

La propuesta del PUSC busca exonerar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) del pago del impuesto único a los combustibles, con el objetivo de aliviar las cargas financieras en un momento crítico. Asimismo, insta a la adopción de planes de acción por parte de las instituciones del Subsector Energía y las Cooperativas de Electrificación Rural para contrarrestar los efectos adversos del Fenómeno del Niño. Esta medida se presenta como una respuesta necesaria para evitar un posible racionamiento energético y sus consecuencias perjudiciales tanto para el sector productivo como para las familias costarricenses.

“Estamos muy preocupados sobre la posibilidad de un racionamiento de energía eléctrica, esto podría traer consecuencias muy negativas en el sector productivo y en las familias costarricenses . Hay que tomar cartas en el asunto de inmediato y para eso estamos solicitando que se convoque el proyecto del PUSC para mitigar los impactos del fenómeno del niño, así como aquellas iniciativas que hay en la corriente legislativa que vienen a fortalecer el sistema eléctrico nacional”, añadió la diputada Daniela Rojas.

Presentan proyecto para poner límite del gasto Estatal en las campañas políticas 2026 y 2028

El Frente Amplio presentó una propuesta de ley para proponer un límite al gasto estatal en las campañas políticas de 2026 y 2028. El proyecto de ley tiene como objetivo reducir al 0,085% del PIB el monto destinado a financiar las campañas nacionales y municipales de dichos años, siguiendo la tendencia de reducción iniciada en los procesos electorales pasados. Esta medida busca garantizar una gestión más eficiente de los recursos públicos, considerando la necesidad de atender la situación de las finanzas públicas.

En el contexto de esta propuesta, se destaca la necesidad de una reforma profunda al artículo 96 de la Constitución Política para establecer una reducción permanente en el gasto electoral. A pesar de los esfuerzos impulsados a través del expediente No. 24308 para esta reforma, su avance ha sido lento debido a la complejidad de los procesos legislativos y la naturaleza de una reforma constitucional. Ante esta situación, se plantea la urgencia de fijar desde ahora una reducción del gasto en las próximas campañas políticas como medida provisional.

La medida propuesta, que implica una reducción en 0,105 puntos porcentuales del financiamiento de las campañas de 2026 y 2028, generaría un ahorro estimado de ¢51.491 millones, considerando el PIB proyectado por el BCCR para 2024. Esta cifra representa un aporte significativo a los esfuerzos por reducir el déficit fiscal, manteniendo intactas las capacidades del Estado Social de Derecho y sin profundizar la regresividad de la estructura tributaria.