Presentan Reforma a la Ley General de Control Interno para Fortalecer Auditorías Internas y Prevenir la Corrupción
La diputada liberacionista Paulina Ramírez, presentó la iniciativa legislativa "Reforma de la Ley General de Control Interno para el Fortalecimiento de las Auditorías Internas y Prevención de la Corrupción". Dicha propuesta busca abordar diversas deficiencias en la prevención de delitos financieros, tales como el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, y la malversación de fondos, entre otros actos de corrupción.
La diputada señala en la exposición de motivos el fallo de muchas administraciones en la prevención de estos delitos, en gran parte debido a que las auditorías internas carecen de los recursos necesarios para realizar una labor efectiva. Asimismo, afirma que la falta de una distribución adecuada de recursos entre las auditorías del sector público, tanto en términos humanos como materiales y tecnológicos, ha sido un obstáculo significativo.
Con relación a lo anterior, las auditorías internas municipales no cuentan con una estructura básica que les permita desplegar todo su potencial. Esta estructura debería incluir auditores profesionales, personal de apoyo administrativo, inspectores, y otros roles necesarios para garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades. La falta de estos recursos compromete la capacidad de las auditorías internas para brindar seguridad y garantía según lo estipulado en la Ley General de Control Interno y otras normativas relacionadas.
Los resultados de las auditorías internas, que incluyen informes de control, advertencias, asesorías, y denuncias penales, requieren ser potenciados. Sin embargo, las limitaciones materiales a menudo impiden su cumplimiento, a pesar de los esfuerzos de las auditorías. Además, los estudios que podrían establecer responsabilidades administrativas, civiles o penales a menudo son archivados, o los procedimientos disciplinarios no se inician a tiempo, lo que resulta en la prescripción de estos.
Ramírez Portuguez indica que las sanciones impuestas en ocasiones no corresponden con la gravedad de los hechos descubiertos, permitiendo que los responsables permanezcan en sus puestos hasta su jubilación o retiro voluntario. Estos límites, tanto materiales como legales, en la capacidad para abordar la corrupción, se vuelven más evidentes cuando las autoridades no prestan atención al principio de probidad.
La propuesta de reforma presentada por la diputada Paulina Ramírez busca fortalecer las auditorías internas y prevenir la corrupción en el sector público costarricense mediante cambios en la Ley General de Control Interno. Entre las modificaciones propuestas, destaca la obligación de que todos los entes públicos cuenten con auditorías internas (Artículo 20), y la asignación de al menos un 3% del presupuesto anual para dotarlas de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y de transporte necesarios para su funcionamiento efectivo (Artículo 27). La reforma también incluye la posibilidad de que las auditorías internas contraten servicios profesionales especializados y laboratorios de calidad según sea necesario.
Además, se establece que la jornada laboral del auditor y subauditor internos será de tiempo completo, con la opción de reducción de jornada en casos muy calificados y previa autorización de la Contraloría General de la República (Artículo 30). La propuesta también detalla las causales de responsabilidad administrativa para jerarcas y funcionarios que incumplan sus deberes relacionados con el control interno, incluyendo la falta de asignación de recursos y la obstaculización del trabajo de la auditoría interna (Artículo 39).