Diputaciones aprueban en Segundo Debate el proyecto Ley de prevención de la violencia en personas menores de edad y personas jóvenes
Fue aprobado en Segundo Debate el proyecto de ley con el expediente No. 23642, denominado "Ley de Prevención de la Violencia en Personas Menores de Edad y Personas Jóvenes". Esta iniciativa, fundamentada en la necesidad de abordar integralmente el problema de la violencia, tiene como objetivo principal establecer una estrategia de prevención que coloque la seguridad y la convivencia en el centro de las competencias y agendas institucionales.
La propuesta legislativa busca coordinar acciones preventivas entre instituciones, reconociendo que la solución a la criminalidad debe ser interinstitucional y abordar tanto el presente como el futuro. En este sentido, se plantean medidas para prevenir y reducir comportamientos violentos en niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo una transformación proactiva y propositiva en la sociedad desde una edad temprana.
La Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social adquiere un papel fundamental en la aplicación de esta ley, otorgándole fuerza legal. Esta comisión, actualmente establecida por decreto, se fortalecerá para dirigir y supervisar las acciones preventivas propuestas en el proyecto.
El proyecto de ley también incluye la creación de un Índice de Seguridad Ciudadana, con el propósito de medir y evaluar las actividades y programas de prevención implementados por las instituciones públicas. Esta herramienta, desarrollada por el viceministerio de Paz, permitirá una evaluación objetiva de las políticas de prevención de la violencia.
La iniciativa dispone una serie de acciones de carácter general, que deberán realizar ciertas instituciones públicas para la obtención de los objetivos del proyecto de ley. Entre estas instituciones se encuentran el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto Costarricense sobre Drogas, las Universidades, las municipalidades, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Poder Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto Nacional de Aprendizaje, el Ministerio de Educación Pública, El Instituto Costarricense del Deporte y Recreación
En cuanto a la financiación, el proyecto establece que los recursos presupuestarios de las instituciones mencionadas, así como donaciones privadas y otros recursos disponibles, serán destinados a la implementación de las medidas preventivas. Además, se proponen reformas en la distribución de los ingresos provenientes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con el objetivo de asegurar fondos adicionales para las acciones de prevención. Estas reformas entrarán en vigor a partir del año 2027, según lo establecido en el proyecto de ley.