Diputado Ariel Robles Propone Medidas Penales contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado
El diputado Robles Barrantes presentó una iniciativa de ley que busca combatir el narcotráfico y el crimen organizado desde las esferas gubernamentales mediante el establecimiento de penas más severas para las personas funcionarias públicas que beneficien de alguna manera a estas organizaciones delictivas.
El proyecto, denominado "Ley para Penalizar a la Persona Funcionaria Pública que Beneficie el Narcotráfico y el Crimen Organizado (expediente No. 24371)" es impulsado por la fracción del Frente Amplio y tiene como objetivo principal crear un nuevo tipo penal que permita investigar y sancionar a aquellos funcionarios estatales que colaboran con el narcotráfico o el crimen organizado.
“Tenemos una alta participación indebida de diputaciones, viceministros, fiscales y personeros del Gobierno de la República en reuniones o nexos con organizaciones criminales, que, si bien no han sido condenados por participar en estructuras criminales, deben establecerse nuevas tipificaciones para desincentivar y condenar penalmente a quienes utilizando su cargo beneficie de cualquier manera, directa o indirectamente el narcotráfico o sus organizaciones.”, anunció el diputado Ariel Robles.
La propuesta contempla dos direcciones principales de aplicación. En primer lugar, se enfoca en los funcionarios sin rango jerárquico, estableciendo penas de cárcel de tres a cinco años en caso de ser condenados por tráfico de influencias. Esta modificación busca eliminar la posibilidad de que los culpables se acojan a la ejecución condicional y eviten ir a prisión por este delito.
Por otro lado, el proyecto plantea penas aún más severas, de cinco a diez años, para aquellos funcionarios que favorezcan a personas con antecedentes penales o estén involucradas en investigaciones por actividades criminales. Esta pena se aplica especialmente a funcionarios en cargos de alta responsabilidad, como el presidente, ministros, magistrados y diputados, debido a su mayor autoridad y poder.
Una de las disposiciones más importantes de la ley propuesta es la modificación del artículo 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, que establece penas más estrictas para los funcionarios públicos que incurran en este tipo de delitos.